mi ágora

Hablar del régimen del 78, es hablar de una promesa incumplida para la clase trabajadora. Se nos vendió como el inicio de una democracia plena tras décadas de dictadura, pero desde una perspectiva obrera, lo que realmente se consolidó fue una continuidad reformada del poder, no una ruptura con él.

La llamada Transición no fue un proceso constituyente desde abajo, sino un pacto desde arriba. Las élites económicas, políticas y mediáticas del franquismo supieron adaptarse al nuevo contexto sin perder lo esencial: el control de los resortes del poder. Mientras tanto, el pueblo trabajador, que había sostenido la lucha antifranquista en fábricas, barrios y calles, quedó relegado a un papel pasivo en la construcción del nuevo sistema.

La Constitución del 78, presentada como un consenso histórico, nació limitada. Blindó estructuras como la monarquía , heredera directa del franquismo, y consolidó un modelo económico que garantizaba la propiedad privada de los grandes empresarios,  por encima de los derechos sociales. Se reconocieron libertades, sí, pero no se cuestionaron las bases materiales de la desigualdad.

Desde entonces, el régimen ha funcionado como un marco estable para el desarrollo del capitalismo en el Estado español. Bajo gobiernos del bipartidismo, se han aplicado políticas que han debilitado a la clase trabajadora: reformas laborales que precarizan el empleo, privatización de servicios públicos, recortes en sanidad y educación, y un modelo productivo basado en la explotación y la temporalidad.

Además, cuando el conflicto social o territorial ha desbordado los límites del sistema, la respuesta ha sido clara: represión, judicialización y cierre de filas institucional. Esto evidencia que el régimen del 78 tiene un techo muy definido, que coincide con los intereses de las élites económicas.

Desde mi perspectiva, el problema no es solo político, sino estructural. No se trata de reformar algunos aspectos del sistema, sino de cuestionar su base: un modelo donde una minoría acumula riqueza mientras la mayoría vive con incertidumbre.

La clase trabajadora no necesita más parches, sino un proceso constituyente real, desde abajo, que ponga en el centro la justicia social, la soberanía popular y el control público de las estructuras del estado, Un nuevo marco donde los derechos no sean papel mojado, sino garantías materiales: vivienda digna, empleo estable, servicios públicos fuertes y una redistribución real de la riqueza.

El régimen del 78 no es el final de la historia. Es, en todo caso, un capítulo que cada vez más sectores sociales cuestionan. Y en esa grieta, el movimiento obrero tiene una tarea histórica: organizarse, politizar el malestar y construir una alternativa que no se conforme con gestionar lo existente, sino que aspire a transformarlo de raíz.