mi ágora

No soy politólogo, ni vivo de subvenciones, ni cobro de ninguna institución pública. Soy un trabajador que paga impuestos, que madruga, que ha pasado por momentos muy difíciles y que, como muchísimas personas, tiene la sensación de que quienes deberían representar al pueblo hace tiempo que dejaron de hacerlo.

Llevamos más de 40 años viendo cómo el poder cambia de manos entre unos y otros, rojos o azules, PSOE y PP. Nos lo disfrazan de cambio, pero seguimos escuchando siempre las mismas promesas, los mismos discursos y las mismas mentiras. Cambian las siglas, pero nunca cambia la manera de hacer política. Y cuando algún partido se acerca a tocar el poder, ya se encarga su maquinaria judicial y mediática de sacar alguna mierda, aunque sea mentira, para desprestigiarlo y conseguir que las cosas sigan igual, que las puertas giratorias continúen girando y que la clase trabajadora siga soportando el peso de cada crisis.

Soy un defensor a muerte de lo público. Creo en una sanidad fuerte, en una educación de calidad que ofrezca oportunidades a cualquier niña o niño, nazca donde nazca, y en unos servicios públicos que no dependan del dinero que tengas en el bolsillo. Pero defender lo público no significa defender cualquier forma de hacer política. Al contrario. Significa exigir mucho más a quienes administran el dinero de todas y de todos.

Mientras tanto, mantener el enorme entramado institucional nos cuesta miles de millones de euros cada año. Ministerios, administraciones, miles de ayuntamientos, Congreso, Senado y diputaciones deberían rendir cuentas y demostrar que cada euro sirve realmente para mejorar la vida de la ciudadanía.

La política no debería convertirse en una profesión de por vida. Un diputado, un ministro o un consejero deberían recordar que son trabajadores al servicio del pueblo y no una élite alejada de él. Cuando alguien pasa veinte o treinta años viviendo exclusivamente de la política, se olvida de cómo vive la ciudadanía y de lo que cuesta llegar a fin de mes.

La Corona merece una mención aparte. Es una institución parasitaria, machista y clasista que, en mi opinión, no sirve absolutamente para nada. Fue colocada ahí por el dictador para dejarlo todo atado y bien atado. Nos cuesta 105 millones de euros al año y, en una democracia, no puede haber una institución blindada. Debería estar expuesta al mismo escrutinio que cualquier otra institución. No puede ser que sea elegida por línea hereditaria. Así que, si quieren poder, que abdiquen y se presenten a las elecciones.

Y después está la corrupción, una de las mayores traiciones que puede cometerse contra la clase trabajadora en una democracia.

Desde la muerte del dictador hemos visto cómo los grandes casos de corrupción han afectado tanto al PP como al PSOE. Los ERE, la Gürtel, la caja B del PP, la Púnica, la Kitchen y muchos otros escándalos han provocado una pérdida de confianza profundísima en la ciudadanía. Cada euro robado era dinero para la sanidad, la educación, las residencias de nuestros mayores, el mantenimiento de las autovías o para quien realmente lo necesitara. Por eso me cuesta aceptar que se utilice la corrupción de los otros mientras se olvida la propia. Los plenos del Congreso se han convertido en un circo de mal gusto, en un constante “y tú más”, lleno de insultos y reproches, olvidando para qué están realmente ahí: para legislar e intentar mejorar la calidad de vida de la gente.

Siempre he admirado una cultura donde la palabra dada, el trabajo bien hecho y la responsabilidad tengan un enorme valor. Esa ética debería impregnar también nuestras instituciones, porque la política no puede ser un refugio para quienes buscan privilegios; debe ser un compromiso con la sociedad.

Así que pienso profundamente que el Estado necesita una segunda transición. Resetear el sistema. No para volver atrás, sino para avanzar.

Una transición que limite los mandatos.

Que impida convertir la política en una carrera de cuarenta años.

Que elimine privilegios innecesarios.

Que obligue a la transparencia absoluta del dinero público.

Que tenga un poder judicial que no sea heredero del Tribunal de Orden Público franquista, sino imparcial e igual para todo el mundo.

Que aparte definitivamente de cualquier cargo público a quien sea condenado por corrupción y que quien robe lo pague duramente y devuelva hasta el último céntimo.

Y que devuelva el protagonismo a quien levanta el país cada mañana.

A las trabajadoras y los trabajadores.

A quienes cuidan de nuestros mayores.

A las maestras y los maestros.

A quienes trabajan en una fábrica, en un hospital, en un barco, en el campo o en el pequeño comercio.

Porque el sistema en el que yo creo no consiste en proteger a la clase política. Consiste en proteger a la clase trabajadora.

Y esa es la diferencia. La democracia no se fortalece cuando los partidos acumulan más poder.

La democracia se fortalece cuando el poder vuelve a quienes nunca debieron perderlo.

AL PUEBLO.